El Dilema

Algunos dilemas se presentan en las horas oscuras que enfrenta un gobierno. En el caso

mexicano, el gobierno del presidente López Obrador se ha encontrado con su dilema más grande en la definición de una política pública para tratar el Covid 19 nuestro país.


En términos generales hay dos grandes líneas de políticas públicas para hacer frente a la

pandemia: la estrategia de inmovilización social temprana y la inmovilización social tardía. Cada una tiene puntos favor y en contra que dificultan la toma de decisiones sobre cual estrategia adoptar.


La estrategia de inmovilización social temprana implica limitar el movimiento de los

individuos mientras pasa la epidemia. Esta estrategia asume que el mejor escenario posible es aplanar la curva de contagio a través de restricciones a la libertad de tránsito individual.


La idea es limitar al mínimo posible los puntos de contacto individual para reducir los

puntos de contagio; pues es altamente improbable que se transmita el virus entre huéspedes si no hay interacción física. Así, se busca reducir el número de pacientes infectados para no presionar la capacidad del sector salud, y hacerle frente con los recursos existentes.


Sin embargo, la estrategia tiene costos económicos: el aislamiento social temprano implica que se reducirá la producción y el consumo, lo que tendrá efectos individuales y públicos. Menos producción y consumo son el sinónimo de una contracción económica: hay menos ganancias, que probablemente se repartirán de manera muy desigual, junto a un lógico debilitamiento financiero del estado causado por la baja en la recaudación de impuestos sobre el consumo y el trabajo. La otra estrategia es la inmovilización social tardía, que implica esperar el máximo tiempo posible antes de implementar el aislamiento social. Esta línea de acción busca fortalecer la economía personal y pública ante la epidemia, pues asume necesario contar con recursos para hacer frente a los casos que se propagarán, además de considerar fundamental dar una

oportunidad a los individuos de ahorrar para sobrellevar el aislamiento sin descapitalizarse.


Sin embargo, esta estrategia también tiene sus costos: es una apuesta peligrosa para el

sector salud. La ausencia de políticas que prevengan la expansión de la epidemia pueden causar que el contagio se extienda entre la población como si fuera un fuego en la sabana, lo que causaría que los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta el sistema sanitario mexicano no den abasto. La apuesta de fortalecer la economía podría costar muchas muertes prevenibles.


¿Por qué estás políticas presentan un dilema? Porque la decisión implica asumir los costos del escenario implementado. El caso mexicano presenta dos factores de riesgo a nivel sistémico que influyen en la elección de la política pública para hacer frente al Covid 19: Un sistema de salud precario contra finanzas públicas y privadas muy débiles.


México tiene un sistema de salud fragmentado e insuficiente. El servicio de salud público

se divide en tres grandes entidades que no cubren a todos los mexicanos, que atraviesan una escasez de insumos médicos y que además cuentan con una pata coja, pues la implementación del Insabi ha sido caótica y parcial. Un número elevado de casos podrían colapsar el sistema sanitario mexicano, lo que implicaría que habría muertos por el virus.


Del mismo modo, la economía mexicana se encuentra en muy mal estado. A nivel nacional existe un estancamiento económico ocasionado por factores domésticos e internacionales, mientras que a nivel individual existe una precarización laboral muy fuerte, pues 6 de cada 10 mexicanos trabajan en la informalidad, mientras que 5 de cada 10 se encuentran en situación de pobreza. En un contexto así, las medidas de inmovilización social temprana pondrían el peligro el ingreso mensual de muchas familias, que podrían enfrentarse a la epidemia sin dinero suficiente para sus necesidades durante un mes, sino es que más tiempo.


Nuestro gobierno tiene que tomar una decisión que no le deseo a nadie: apostar por reducir los casos y afectar severamente las finanzas públicas y privadas, o arriesgarse a mantener la actividad económica con el peligro de que la infección se dispare. No creo que exista una solución clara o una alternativa que no implique costos humanos y financieros. Tan solo espero que la decisión resulte y no tambalee nuestras vidas.




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