Igualdad sustantiva y no discriminación en México
Un enfoque bajo la perspectiva de los derechos humanos
Debemos comenzar diciendo que la igualdad y no discriminación entre mujeres y
hombres es un principio general, un derecho de aceptación universal reconocido
tanto en la legislación nacional como en diversos instrumentos internacionales.
Este principio hace referencia a los derechos y responsabilidades que como seres
humanos tenemos todas las personas e implica dar las mismas condiciones, trato
y oportunidades a todas las personas sin distinción de origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.
Por ello, la visión del desarrollo humano basada en la noción de capacidades
requiere como primera condición la igualdad de oportunidades.
Esto significa que la acción pública puede y debe garantizar que las personas
tengan acceso a un conjunto igualitario de opciones de vida, sin importar las
limitaciones individuales o del contexto y con ello la posibilidad de elegir con
conocimiento y libertad.
De este modo, el derecho humano a la igualdad se encuentra unido al derecho a
la no discriminación ya que de acuerdo con el artículo 1° de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y
con la teoría de los derechos humanos, sólo habrá igualdad cuando no exista
ningún tipo de discriminación directa o indirecta.
Por lo tanto, en materia de derechos humanos, la igualdad no es un hecho sino un
valor establecido ante el reconocimiento de la diversidad, valor que obliga al
Estado a tomar todas las medidas necesarias para eliminar todas las formas de
discriminación.
En otras palabras, la igualdad, desde la perspectiva de los derechos humanos, no
es una mera declaración de un deseo, ni tampoco una constatación de un hecho
real, sino un derecho humano que el Estado debe reconocer, proteger y garantizar
a todas las personas.
De ahí la importancia de generar acciones desde distintos ámbitos que nos
permitan avanzar hacia una igualdad sustantiva, es decir, una igualdad real y
formal, una igualdad en derechos, que no es otra cosa que la idéntica titularidad,
protección y garantía de los mismos derechos fundamentales independientemente
del hecho, e incluso precisamente por el hecho, de que las y los titulares somos
entre sí diferentes.
Pero para ello, se requiere que todas las personas tengamos las mismas
oportunidades desde un primer momento y que dispongamos de un entorno que
nos permita conseguir la igualdad de resultados. Ese es el principal desafío que
tendremos que enfrentar.
Al respecto, no podemos dejar pasar que existen algunos avances hacia la
consolidación de una sociedad más igualitaria, tales como las recientes reformas
en materia de paridad de género, la expedición de la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, la creación de instituciones para prevenir y combatir la
discriminación, o bien, las acciones afirmativas que buscan reducir las prácticas
discriminatorias.
Podríamos enunciar otros avances significativos, sin embargo, el reto está
justamente en la aplicación efectiva de esas y otras disposiciones más que deben
ser incorporadas en nuestro sistema jurídico. Además, resulta importante
concientizar a la población sobre la importancia que reviste para todas las
personas generar condiciones de igualdad y no discriminación.
Es fundamental que transitemos hacia un lenguaje incluyente y no sexista, y
contribuyamos hacia el acceso de las niñas y mujeres a vivir una vida libre de
violencia.
Además, debemos avanzar en el fortalecimiento de acciones tendientes a
prevenir, eliminar, prohibir y sancionar todos los actos y manifestaciones de
discriminación e intolerancia, así como formular políticas para favorecer un trato
igualitario para todas las personas.
México requiere transformaciones legales, sociales, económicas y políticas
acordes a las necesidades humanas y su diversidad, que integren los avances
internacionales en materia de derechos humanos, pero sobre todo transitar al
reconocimiento de la dignidad de las personas con plena vigencia de sus
derechos.
La instrumentación de acciones efectivas constituye el primer paso hacia la
consolidación de un Estado garante de los derechos humanos y con miras a
generar un Estado que promueva, proteja, respete y garantice esos derechos.
Por estas razones, nuestro compromiso deberá ser por lograr una sociedad más
justa, igualitaria y democrática para todas las personas, bajo el entendido que
nuestro actuar puede contribuir de manera significativa a lograr un panorama
distinto en donde la dignidad se convierta en costumbre.
La lucha por la igualdad y no discriminación es de todas las personas. Todos los
derechos para todas y todos.
Axel de Loza
Coordinador Estatal de Derechos Humanos en Ciudad de México
