Igualdad sustantiva y no discriminación en México

Un enfoque bajo la perspectiva de los derechos humanos


Debemos comenzar diciendo que la igualdad y no discriminación entre mujeres y

hombres es un principio general, un derecho de aceptación universal reconocido

tanto en la legislación nacional como en diversos instrumentos internacionales.

Este principio hace referencia a los derechos y responsabilidades que como seres

humanos tenemos todas las personas e implica dar las mismas condiciones, trato

y oportunidades a todas las personas sin distinción de origen étnico o nacional, el

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los

derechos y libertades de las personas.


Por ello, la visión del desarrollo humano basada en la noción de capacidades

requiere como primera condición la igualdad de oportunidades.


Esto significa que la acción pública puede y debe garantizar que las personas

tengan acceso a un conjunto igualitario de opciones de vida, sin importar las

limitaciones individuales o del contexto y con ello la posibilidad de elegir con

conocimiento y libertad.


De este modo, el derecho humano a la igualdad se encuentra unido al derecho a

la no discriminación ya que de acuerdo con el artículo 1° de la Convención sobre

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y

con la teoría de los derechos humanos, sólo habrá igualdad cuando no exista

ningún tipo de discriminación directa o indirecta.


Por lo tanto, en materia de derechos humanos, la igualdad no es un hecho sino un

valor establecido ante el reconocimiento de la diversidad, valor que obliga al

Estado a tomar todas las medidas necesarias para eliminar todas las formas de

discriminación.


En otras palabras, la igualdad, desde la perspectiva de los derechos humanos, no

es una mera declaración de un deseo, ni tampoco una constatación de un hecho

real, sino un derecho humano que el Estado debe reconocer, proteger y garantizar

a todas las personas.


De ahí la importancia de generar acciones desde distintos ámbitos que nos

permitan avanzar hacia una igualdad sustantiva, es decir, una igualdad real y

formal, una igualdad en derechos, que no es otra cosa que la idéntica titularidad,

protección y garantía de los mismos derechos fundamentales independientemente

del hecho, e incluso precisamente por el hecho, de que las y los titulares somos

entre sí diferentes.


Pero para ello, se requiere que todas las personas tengamos las mismas

oportunidades desde un primer momento y que dispongamos de un entorno que

nos permita conseguir la igualdad de resultados. Ese es el principal desafío que

tendremos que enfrentar.


Al respecto, no podemos dejar pasar que existen algunos avances hacia la

consolidación de una sociedad más igualitaria, tales como las recientes reformas

en materia de paridad de género, la expedición de la Ley General para la Igualdad

entre Mujeres y Hombres, la creación de instituciones para prevenir y combatir la

discriminación, o bien, las acciones afirmativas que buscan reducir las prácticas

discriminatorias.


Podríamos enunciar otros avances significativos, sin embargo, el reto está

justamente en la aplicación efectiva de esas y otras disposiciones más que deben

ser incorporadas en nuestro sistema jurídico. Además, resulta importante

concientizar a la población sobre la importancia que reviste para todas las

personas generar condiciones de igualdad y no discriminación.


Es fundamental que transitemos hacia un lenguaje incluyente y no sexista, y

contribuyamos hacia el acceso de las niñas y mujeres a vivir una vida libre de

violencia.


Además, debemos avanzar en el fortalecimiento de acciones tendientes a

prevenir, eliminar, prohibir y sancionar todos los actos y manifestaciones de

discriminación e intolerancia, así como formular políticas para favorecer un trato

igualitario para todas las personas.


México requiere transformaciones legales, sociales, económicas y políticas

acordes a las necesidades humanas y su diversidad, que integren los avances

internacionales en materia de derechos humanos, pero sobre todo transitar al

reconocimiento de la dignidad de las personas con plena vigencia de sus

derechos.


La instrumentación de acciones efectivas constituye el primer paso hacia la

consolidación de un Estado garante de los derechos humanos y con miras a

generar un Estado que promueva, proteja, respete y garantice esos derechos.


Por estas razones, nuestro compromiso deberá ser por lograr una sociedad más

justa, igualitaria y democrática para todas las personas, bajo el entendido que

nuestro actuar puede contribuir de manera significativa a lograr un panorama

distinto en donde la dignidad se convierta en costumbre.


La lucha por la igualdad y no discriminación es de todas las personas. Todos los

derechos para todas y todos.


Axel de Loza

Coordinador Estatal de Derechos Humanos en Ciudad de México





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