La Aparatosa Reforma Pensionaria

La cuestión de las pensiones en nuestro país es un tema que ya forma parte de la

opinión pública y de la agenda desde hace un buen tiempo ya, pero quizás es un

tema tan complejo que se ha ignorado rutinariamente por los gobiernos en turno,

pues el esfuerzo político necesario para encontrarle una solución pertinente sería

inmenso, por decir lo menos. El principal problema de nuestro sistema pensionario

radica en lo pesimamente distribuida que está nuestra seguridad social, pues, a

grandes rasgos, tenemos tres tipos de mexicanos: un 60% de hombres y mujeres

que no tendrán pensión por no cotizar ni en IMSS ni en ISSSTE al ser

trabajadores informales; un 30% de la población, que sí está afiliada y que se

divide en las generaciones de las reformas de 1973 y de 1997, dependiendo del

año en el que se empezó a cotizar; y finalmente, un 10% de trabajadores del

Estado cuya pensión se puede otorgar con 30 años de servicio, sin importar la

edad, y con 100% de su último sueldo.


Así, sería una minoría de la población la que cobra una buena pensión durante su

vejez, pero la inmensa mayoría, no cobra nada, o cobra muy poco, porque ni

siquiera cuando se trabaja con seguridad social se garantiza una pensión para un

retiro satisfactorio, ya que al sólo realizar aportaciones mínimas mes con mes, un

trabajador retirado recibiría una cantidad ínfima como pensión. Y con los salarios

tan bajos, ¿Quién va a querer hacer aportaciones mayores?


El actual sistema de AFORES funciona con un fondo de ahorro del 6.5% del

salario mensual. De este porcentaje, un 1.125% le corresponde al trabajador, un

5.15% al patrón, y un 0.225% al gobierno. Tomando en consideración la situación

económica, la solución no es sencilla ni evidente: Si se incrementa la participación

del trabajador, este lo resentirá en su bolsillo por los salarios tan bajos en el país;

si se incrementa la participación del patrón, el enorme problema de la informalidad

tan sólo empeorará; y si se incrementa la participación del gobierno, entonces

pagamos más todos nosotros en impuestos.


Ahí radica la complejidad del tema pensionario y la razón por la cual, a pesar de

ser reconocido como un tema de importancia para el gobierno, no se le había

dado una respuesta contundente. Por ello, cuando hace unos días se anunció una

iniciativa de reforma al sistema, todo el país escuchó con los oídos muy abiertos.


A pesar de que esta iniciativa del presidente mexicano aún debe ser sometida al

congreso para su análisis y aprobación, bien puede darse por aprobada, pues en

un tiempo de incertidumbre económica como en el que vivimos en la actualidad,

todo gesto de parte del gobierno federal que dé augurios de un futuro menos peor

será recibido con brazos abiertos por el lado de la ciudadanía – aún si la iniciativa

no esté encaminada a resolver los retos del presente inmediato.


Y es que, a vísperas de las que bien pudieran ser las elecciones más importantes

de la historia, ni el partido de turno ni la oposición pueden darse el lujo de negarle

un pequeño gusto al pueblo. ¿Y cómo no le va a gustar? La iniciativa plantea una

tasa de reemplazo elevada al 40%, una reducción de 1250 a 750 semanas de trabajo para acceder a una pensión, un aumento de la aportación patronal casi

triplicado, y todo sin incremento alguno en las aportaciones de parte del trabajador

y del gobierno.


¿Quién diría que no a semejante trato? Si se le pregunta a cualquiera por su

opinión referente a la reforma de Obrador, la respuesta probablemente será

positiva. “Una conquista social”, dirá. Hace unos pocos días, un presentador de un

popular noticiero de horario estelar incluso llegó a decir: “esta va a ser la gran

reforma del presidente López Obrador, va a ser recordado por esta gran reforma”.

Y sí, hay un sector que recordará ese momento muy vívidamente, pero con

singular tristeza: el patronal.


Aún si se habla de que el Consejo Coordinador Empresarial avala la iniciativa, el

suponer que este organismo representa los intereses y las preocupaciones de las

4 millones de microempresas que emplean al 75% del personal ocupado en el

país, es realmente ingenuo. Por supuesto, la iniciativa ha sido clara en que el

aumento a las aportaciones patronales será paulatino y no inmediato,

extendiéndose hasta 8 años en llegar a la cifra planteada y así argumentando que

el incremento no representará una carga sustancial en los costos de las empresas.

También es una apuesta al repunte económico de la era post COVID-19. Y todo

ello bien pudiera ser cierto, el beneficio de la duda está ahí. No obstante, el

contexto gubernamental y el rumbo económico y social que se está tomando no

muestran un panorama alentador para el empresario. De aprobarse la reforma, los

retos para el patrón serán difíciles, casi tortuosos. Aún si las grandes empresas

quizás acaben bien paradas con el transcurso de esos 8 años, las micro y

pequeñas empresas no correrán con la misma suerte, pues verán sus beneficios

esfumarse en el aire, y ello tendrá repercusiones importantes. ¿Pero todo esto, por

un aumento del 5.15 al 13.87? Sí, pero no.


La realidad es que elegir políticas públicas implica elegir ganadores y perdedores.

En el mejor de los casos, las decisiones gubernamentales tendrán como efecto

ganadores sustanciales y perdedores marginales, pero esto no ocurre así cuando

de reformas sustanciales se trata. Y esta es una de ellas. ¿Habrá beneficiados?

Sí. ¿Habrá perjudicados? También. ¿El valor obtenido pesa más que el valor

perdido? Eso no es tan seguro.


Hace unas pocas décadas, un autor estadounidense, Henry Hazlitt, nos enseñaba

la primera lección de la economía: “El arte de la economía consiste en observar

los efectos de una decisión no sólo en lo inmediato, sino también en lo posterior;

consiste en observar sus efectos en todos los grupos, y no en uno solo”. Él, a su

vez, tomó inspiración de un autor francés de muchas décadas atrás, Frédéric

Bastiat, cuya enseñanza era similar, pero un tanto más abstracta: “La diferencia

entre un mal economista y un buen economista es que el primero se enfoca sólo

en lo que se puede ver, mientras que el segundo se enfoca tanto lo que se puede

ver, como lo que se debe prever”.

Si el congreso en la ciudad de México aprueba la reforma de López Obrador, se

habrán ignorado las enseñanzas de estos dos grandes intelectuales, y a la postre,


el futuro de aquí a 8 años será más negro que el que hubiéramos tenido de no

haber ocurrido este cambio, pues las condiciones económicas no sólo no habrán

mejorado, sino que habrán empeorado, y eso incluye a quienes trabajan día a día

para su futura pensión.


Si en este punto, el lector descarta mi opinión por considerarla alarmista,

neoliberal, golpista, o algún otro adjetivo peyorativo, no lo culparía. Si también

piensa que veo negrura ahí donde sólo hay buenas intenciones, tampoco lo

culparía. En realidad, la reforma planteada por el presidente no es la peor que se

le ha ocurrido ni mucho menos, muy por el contrario, esta plantea un paso hacia

delante para hacer un cambio necesario y mejorar la calidad de vida de nuestros

pensionados, y ello debe ser celebrado y ovacionado. Pero su nula lectura del

entorno internacional y nacional, pero más que nada la ignorancia del peso de

otras de sus propias decisiones en la economía del país y por ende en el bolsillo

del mexicano, es lo que hace que en la suma haya más perdedores que

ganadores si se aprueba su reforma de las pensiones.


El patrón es el perdedor más evidente aquí. Aunque el incremento hasta el

13.87% en las aportaciones es significativo para las empresas, no sería el fin del

mundo, pero esto es tan sólo lo que se ve a primera vista. ¿Qué es lo que no se

contempla en la iniciativa? Que recientemente hubo un aumento en el salario

mínimo del 20% que no sólo implica un aumento en el salario que se le ha de

pagar al trabajador, sino que también aumenta de manera colateral la aportación

patronal hacia el IMMS y el INFONAVIT, y los costos en aguinaldos, primas

vacacionales, impuestos a la nómina, entre otros. Viéndose ensimismados con

más costos, los patrones no contratarán más personal que de otra manera sí

hubieran contratado, e incluso podrían verse obligados a reducir las horas de

trabajo del personal ya existente o a despedirles en última instancia. Numerosos

estudios plantean que el incremento en el salario mínimo tiene como efecto

secundario una creación más lenta de empleos y un aumento inflacionario, y

teniendo en consideración que la actual administración está marcadamente

inclinada hacia la izquierda, y que las exigencias sociales tan sólo han sido

incrementadas por la crisis de salud, un posterior aumento al salario mínimo

puede no estar muy lejano. Esto es lo que no se ve.


La pandemia ha significado una pérdida de millones de puestos de empleo a lo

largo y ancho del país: 12.5 millones de puestos perdidos, según el INEGI. Ahora

bien, una parte importante de estos despidos se ha dado a raíz de las

restricciones en horarios y aforo impuestas desde los gobiernos, lo cual ha

ocasionado una baja sustancial en las ventas de las empresas y a su vez en

salarios más delgados. No obstante, el gobierno federal ha descartado la vía del

estimulo fiscal, - la más viable de las herramientas de crisis - y de esta forma, no

ha sido capaz de rescatar puestos que de otra forma podrían haberse salvado. La

cantidad de demandantes de empleo ha incrementado exponencialmente, pero

políticas públicas como la del salario mínimo y la aún inexistente reforma

pensionaria incrementan los costos de las empresas y por lo tanto se verán

obligadas a reducir su oferta de empleo. La suma de los factores tendrá como

resultado una batalla encarnizada en el mercado laboral entre los demandantes. Y mientras que la inversión extranjera podría ser un factor de alivio – aunque no de

solución – para la escasez de empleo, se ha optado por espantarla, con

decisiones como la cancelación de la cervecería en Tijuana y el aeropuerto en la

ciudad de México.


Ahora bien, todos estos factores pudieran lucir visibles por sí mismos. Cualquiera

que sintonice un noticiero televisivo podría darse cuenta de los sucesos que se

acaban de mencionar. El problema radica en la nula previsión, en la incapacidad

de la actual administración para darse cuenta de las implicaciones de sus propias

decisiones en el futuro y su relación con las circunstancias. Se ha enfocado en el

sector marginado, y ha desdeñado al sector empresarial. No se da cuenta, que por

muy loable que resulte la causa de levantar a los pobres, su progreso no se puede

dar a costa de otros, o por lo menos no por un tiempo extendido y sin una

compensación a la parte perjudicada. La reforma a las pensiones es necesaria,

pero no en la forma, ni en el contexto, ni con los tiempos que se ha planteado.


Entonces, sí, si se aprueba la reforma, habrán beneficiados: trabajadores formales

con una buena educación, que no han perdido su empleo ni se tienen que

preocupar por conseguir otro, que gozan de un muy buen salario y que viven en

un buen vecindario sin delincuencia. Ellos se beneficiarán, ¿Quiénes no?

Prácticamente el resto de los mexicanos.


https://www.elfinanciero.com.mx/economia/12-millones-de-mexicanos-perdieron-su-salario-en-

abril-por-suspension-laboral

https://www.nber.org/papers/w26571

https://www.bancomext.com/comunicados/14237




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